Bogotá, Colombia
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol ha divulgado una serie de grabaciones inéditas que sacudieron la política colombiana. Los registros documentan el primer acercamiento entre el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, la mayor organización narcoterrorista del país. En esos audios, un alto funcionario del Estado se comprometió a frenar la ofensiva de las Fuerzas Militares. La revelación abrió un intenso debate jurídico y político sobre el alcance de la política de «paz total».
Qué revelan los audios Petro Clan del Golfo
El encuentro ocurrió el 2 de septiembre de 2022, cuando el gobierno apenas llevaba tres semanas en el poder. Ese día, el entonces comisionado de paz Danilo Rueda se reunió en el Urabá antioqueño con alias Jerónimo, uno de los comandantes del Clan del Golfo. A la cita asistieron además abogados y asesores de la estructura criminal. Los audios Petro Clan del Golfo confirmaron que Rueda planteó allí un reparto de control territorial con el crimen organizado.
La propuesta quedó resumida en una frase que ya circula por todo el país. «Juguemos a los congelados», ofreció Rueda. La fórmula implicaba que ninguna de las partes ejecutara acciones ofensivas mientras avanzaban los contactos. Alias Jerónimo entendió de inmediato el alcance y respondió «incluidos el ejército y la policía». Rueda lo confirmó. Mientras la organización no saliera de sus territorios, la Fuerza Pública quedaría neutralizada.
El comandante narcoterrorista pidió entonces retirar los operativos estatales y los grupos especiales infiltrados en sus zonas. Rueda accedió sin titubeos. Fue más allá y propuso cancelar los bombardeos y una «limpieza en la inteligencia policial». El funcionario que representaba al Estado ofreció desactivar, una por una, las herramientas con las que las Fuerzas Armadas combatían a esa organización.
El cese de bombardeos y la purga de generales
La promesa de frenar los bombardeos chocó con el discurso oficial. El entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, sostuvo en público que «los bombardeos no están prohibidos» y que solo se prohíbe atacar si hay menores presentes. Los audios mostraron una realidad distinta a esa versión institucional.
Rueda reconoció además un problema de control. Aunque el gobierno ordenara el cese, advirtió que algunos generales podían continuar las operaciones por su cuenta. Para resolverlo, ofreció una salida inquietante. Propuso que las propias organizaciones criminales entregaran información sobre los oficiales que desobedecieran la orden. Con esos datos, el gobierno decidiría qué hacer con ellos.
El comisionado también presentó la depuración militar como una medida premeditada. Según relató, el Ejecutivo había dado de baja a más de 35 generales de las Fuerzas Militares y de Policía para demostrar «credibilidad» ante la organización. Mencionó además a tres coroneles retirados apenas una semana después de asumir. Esos oficiales administraban áreas sensibles, como las operaciones antinarcóticos y la inteligencia. Según el relato, su misión había sido «sabotear todo».
El cuadro que dibujaron los audios resultó grave. Un negociador del Estado describió la remoción de altos mandos militares como un gesto de buena fe hacia una estructura narcoterrorista. La cadena de mando de la Fuerza Pública quedó expuesta como moneda de cambio.
Extradiciones congeladas y la expansión narcoterrorista
La negociación no se detuvo en lo militar. Alias Jerónimo pidió levantar las órdenes de captura contra los miembros de la organización. Rueda respondió «eso todo va». El comandante insistió luego con el cese de las extradiciones. El comisionado volvió a confirmar: «todo eso se hace». El Estado ofreció blindar judicialmente a los jefes del Clan del Golfo.
Durante los dos primeros años del gobierno, esa hoja de ruta se cumplió en buena parte. No hubo bombardeos sostenidos contra la organización en ese periodo. El primer bombardeo estatal contra el grupo llegó recién a finales de 2024, ya con otro comisionado en el cargo. El vacío de presión militar tuvo un costo medible.
Los audios Petro Clan del Golfo coincidieron con la mayor expansión criminal reciente del país. Según cifras del Ministerio de Defensa citadas por Noticias Caracol, la organización pasó de 4.061 integrantes en 2022 a 9.915 en 2025. Su presencia territorial se duplicó, de 145 a 338 municipios. El Clan del Golfo se consolidó así como uno de los grupos armados más grandes de Colombia.
El crecimiento trajo consecuencias directas para la población. La organización multiplicó los ataques contra la Fuerza Pública, los actos de terrorismo y la violencia en amplias zonas rurales. El gobierno terminó respondiendo bajo presión interna, pero el daño ya estaba hecho. La tregua encubierta le había dado al narcoterrorismo tiempo y espacio para crecer.
De la Espriella, Trump y el Escudo de las Américas
El escenario podría cambiar a partir de agosto de 2026. Con la llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella, Colombia tiene la opción de reordenar su política de seguridad. El nuevo mandatario ha mostrado disposición a alinearse con Washington. Esa decisión rompería con la lógica de la «paz total» que reflejan los audios.
El giro tiene un destino concreto: el Escudo de las Américas. Trump lanzó esa coalición en marzo de 2026 para combatir con fuerza militar al narcoterrorismo en el hemisferio. Colombia quedó inicialmente fuera por la orientación del gobierno Petro. Según el senador Bernie Moreno, de la Espriella estaría dispuesto a integrar la alianza. Una Colombia dentro del Escudo recuperaría apoyo en inteligencia y operaciones contra el Clan del Golfo. El país pasaría de congelar a su Fuerza Pública a respaldarla con cooperación regional.
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