El Ministerio Público de Honduras presentó el miércoles un requerimiento fiscal contra el general en retiro Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto y exsecretario de Defensa. La acción penal la promovió la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y se derivó de una investigación por presuntos ataques a la libertad de prensa vinculados a publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional castrense. Proceso Digital lo describió como el primer requerimiento de este tipo contra el exjerarca militar, y anticipó que podrían venir más por su desempeño al frente de las Fuerzas Armadas.
Un expediente armado sobre el periódico digital castrense
El caso no nació de una sola denuncia. Según el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, el primero en denunciar fue el periodista Dagoberto Rodríguez Coello, tras una publicación del periódico oficial de las Fuerzas Armadas del 26 de mayo de 2025. Después formalizaron denuncias similares Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López. Esa edición calificó como «sicarios de la verdad» a Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, a Rodríguez, director de Radio Cadena Voces, y a Wong Arévalo, propietario de Canal 10.
El proceso investigativo incluyó la recepción de denuncias formales, diligencias prejudiciales, un peritaje especializado sobre material audiovisual y digital, y la incorporación de testimonios al expediente. El ente acusador subrayó que ningún funcionario o exfuncionario está exento de rendir cuentas ante posibles vulneraciones a derechos fundamentales.
Hernández ha rechazado los señalamientos. El exjefe militar aseguró que desconoce el contenido del requerimiento, pero manifestó que atenderá cualquier citación. Sostuvo que durante su gestión actuó en el marco de la libertad de expresión y defendió las publicaciones institucionales, bajo el argumento de que respondían a información falsa. También reconoció haber usado la expresión «sicario de la verdad» para referirse a Wong Arévalo, luego de que el periodista divulgara denuncias sobre presuntos movimientos irregulares de recursos de las Fuerzas Armadas hacia una empresa privada.
Del otro lado, el gremio leyó el requerimiento como un punto de quiebre. Juan Carlos Sierra afirmó que la acción judicial no debe interpretarse como una victoria exclusiva de los periodistas involucrados, sino como un precedente para toda la sociedad hondureña. Recordó además que el exjefe militar intentó presentar querellas contra 12 medios de comunicación y promovió acciones para que revelaran sus fuentes, conducta que fue cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales.
La injerencia militar en Honduras que dejó el ciclo electoral
El requerimiento llegó al final de un ciclo electoral que erosionó la posición institucional de las Fuerzas Armadas. Los cuestionamientos arrancaron con las primarias de marzo de 2025, cuando la institución no cumplió a cabalidad con el traslado, la vigilancia y el resguardo del material electoral, tarea que la ley le asigna. A eso se sumaron las amenazas de Hernández contra periodistas y propietarios de medios, y su solicitud al Consejo Nacional Electoral de recibir una copia de las actas de la fórmula presidencial el día de los comicios.
El expediente político también se movió en el Congreso, dentro y fuera del país. En noviembre de 2025, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró la audiencia «La democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras». Allí, el exembajador Carlos Trujillo expuso la preocupación de diversos sectores por el involucramiento de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral. En esa misma sesión se planteó que las declaraciones del alto mando, en particular las de Hernández, fueron interpretadas como un intento de intervenir en áreas que exceden su autoridad constitucional.
En Tegucigalpa, la ruta fue paralela. El Congreso Nacional remitió al Ministerio Público, mediante oficio del 12 de enero de 2026, el informe de la Comisión Legislativa Especial de Investigación sobre la situación jurídica electoral posterior a las elecciones generales de 2025. Meses después, la Comisión de Defensa y Soberanía bloqueó los ascensos de dos capitanes y dos coroneles, luego de que se estableciera que varios nominados participaron en el boicot electoral de marzo de 2025.
La injerencia militar en Honduras dejó así una factura que se paga por partes. Hoy es un requerimiento por libertad de expresión. Proceso Digital adelantó que se prevén más acciones contra el exjerarca, entre ellas por decisiones que derivaron en la salida arbitraria de oficiales del cuerpo armado.
Para el resto de Centroamérica, el caso funciona como termómetro. La discusión sobre injerencia militar en Honduras dejó de ser un debate político y pasó a los tribunales, con un exjefe del Estado Mayor Conjunto como primer nombre en la lista.
