La Armada Argentina informó que detectó irregularidades en el área responsable de la liquidación de haberes al personal. Ante ese hallazgo inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos. Constatadas las irregularidades, la fuerza radicó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos. El objetivo fue que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades de las personas involucradas.
Según la documentación incorporada a la causa, la investigación interna identificó 645 acreditaciones indebidas por un total de $981.148.567,88. Los pagos se realizaron entre julio de 2022 y enero de 2026 a favor de 23 beneficiarios. Hasta el momento de la presentación judicial se registraron reintegros por $42.574.267,63, por lo que el monto pendiente de recupero ascendió a $938.574.300,25. Fuentes navales citadas por distintos medios estimaron que el perjuicio total podría ubicarse entre $1.500 y $1.600 millones una vez concluidas las verificaciones.
Cómo se detectaron los pagos irregulares en la Armada Argentina
Las anomalías surgieron en febrero de 2026, durante la revisión de los haberes de enero. En esa instancia se constató el cobro de suplementos no autorizados por parte de cinco agentes del Departamento Revista, el área encargada de la liquidación. Ese hallazgo dio lugar a una auditoría ampliada. La condujo una comisión investigadora integrada por especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas y análisis de datos.
La comisión preservó los equipos informáticos utilizados para preparar y transmitir los lotes de pago. Luego cotejó, mes por mes, los registros del sistema con las acreditaciones efectivamente realizadas por el Banco de la Nación Argentina.
De acuerdo con lo reconstruido, los registros se modificaban una vez cerrados los controles internos y antes de su transmisión al banco. La alteración servía para elevar importes o para incorporar pagos sin respaldo. Después los valores eran restituidos a sus montos originales. De ese modo las diferencias no se reflejaban en los recibos del sistema Haberes-Web. Del total, cuatro personas sin vínculo laboral con la fuerza concentraron $434.200.718,04, el 44,25% de los fondos.
La denuncia fue presentada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio. Entre las personas señaladas en la presentación figura el entonces jefe del Departamento Revista, capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien fue relevado de manera preventiva en agosto. Todas las personas mencionadas gozan de la presunción de inocencia hasta que la Justicia resuelva su situación.
Medidas administrativas y correctivas
En paralelo a la investigación, la Armada adoptó una serie de medidas para cerrar los puntos vulnerables del circuito de pagos:
- Desde marzo de 2026, la tramitación de las acreditaciones bancarias pasó del Departamento Revista al Departamento Tesorería.
- Se dispuso una conciliación independiente a cargo del Departamento Contabilidad.
- Se separaron las funciones de liquidación, acreditación bancaria y conciliación.
- Se resguardaron los equipos y la documentación vinculados a la preparación y transmisión de los lotes.
- Se relevó preventivamente al responsable del área investigada.
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Tolerancia cero: la orden del ministro Presti
El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, instruyó al jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, a avanzar con las sanciones militares. «Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un consejo de disciplina militar pasen a ser destituidos», afirmó el ministro en declaraciones a TN.
En consecuencia, diez militares fueron apartados de sus funciones y sometidos a un procedimiento disciplinario por falta gravísima. El proceso es conducido por un abogado militar y su sanción máxima prevista es la destitución. Los involucrados cuentan con derecho a defensa técnica y a ofrecer prueba.
Presti también buscó separar la conducta individual de la institución. «Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco o veinte delincuentes», sostuvo. Sobre el curso judicial agregó: «Más allá de la Justicia Federal, espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos».
Un compromiso con la administración de los recursos públicos
En su comunicado oficial, la Armada remarcó que la correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la fuerza. La institución afirmó que existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo. También aseguró que se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley.
La causa por los pagos irregulares en la Armada Argentina continúa ahora en manos de la Justicia Federal, mientras en el ámbito militar avanzan los procedimientos disciplinarios. Fuentes de la fuerza indicaron que la revisión podría extenderse a otros pagos, incluidos viáticos por comisiones al exterior.
