Cada vez que asume un gobierno nuevo en Argentina se repite el mismo ritual. Un discurso sobre «recuperar el lugar en el mundo», una gira presidencial con fotos protocolares y, seis meses después, el silencio. Lo que nunca aparece es lo que en cualquier país serio antecede a esas fotos: un marco de análisis que defina, más allá de quién gobierne, qué intereses nacionales concretos se persiguen y con qué capacidades reales se sostienen. Eso es una gran estrategia.
El motivo por el que esto importa ahora, y no en abstracto, es que el sistema internacional se volvió más competitivo y menos tolerante con la improvisación. La distribución de poder global se está reacomodando y el gasto militar mundial crece a un ritmo que no se veía desde la Guerra Fría. El gasto en defensa argentino, mientras tanto, se movió en la dirección contraria. La región ya tiene ejemplos de países, Chile y Brasil entre otros, que blindaron su política de defensa con documentos que sobreviven al humor electoral. El problema argentino es más incómodo: el país nunca terminó de decidir qué tipo de país quiere ser en el tablero internacional.
Esta nota parte de una premisa que en Argentina suena provocadora. En cualquier escuela de relaciones internacionales, en cambio, es de manual. El sistema internacional es anárquico, no hay autoridad superior que garantice la seguridad de nadie, y cada Estado administra su seguridad en función del poder relativo, propio o sumado a través de alianzas, antes que de sus valores declarados. Bajo esa vara hubo un solo momento en la historia argentina que se pareció a una gran estrategia real. El resto es, con matices, la crónica de cómo se destruyó eso y se decidió que no hacía falta reponerlo.
La Generación del 80: la única vez que Argentina tuvo un plan
Si hay que señalar el único período argentino que operó con una gran estrategia coherente, es el de la Generación del 80. La Conquista del Desierto, entre 1878 y 1885, la lideró Julio Argentino Roca. No fue una hazaña militar suelta ni una conquista oportunista. Fue la ejecución de un objetivo estratégico definido, con los medios disponibles de la época. Ese objetivo tuvo tres patas: incorporar territorio productivo, consolidar el control efectivo de la Patagonia frente a las pretensiones chilenas y expandir la frontera agroexportadora. Los medios fueron desde armamento moderno importado hasta el telégrafo y el ferrocarril. El resultado se puede medir. Entre 1880 y 1914 Argentina multiplicó su territorio productivo, atrajo inmigración masiva y construyó una de las economías de mayor crecimiento del planeta.
Suele contarse la Campaña del Desierto como un episodio puramente militar, pero tuvo un componente diplomático simultáneo. Mientras Roca avanzaba sobre el territorio indígena, Argentina y Chile negociaban en paralelo el Tratado de Límites de 1881. Se firmó el 29 de julio de ese año, tras propuestas que circularon desde 1872 y con mediación de Estados Unidos. Ese tratado no fue una concesión graciosa de Santiago. Fue el reconocimiento diplomático chileno de la soberanía argentina sobre la Patagonia oriental, a cambio de que Chile retuviera la vertiente andina y el control del Estrecho de Magallanes. Avance militar y negociación diplomática no fueron dos políticas separadas. Fueron la misma estrategia ejecutada por dos medios distintos y coordinados.
Conviene un matiz que los mapas de época maquillan bastante. El control efectivo del territorio argentino antes de 1878 era bastante más chico de lo que esos mapas reclamaban. La frontera real con el mundo indígena se estabilizaba hacia 1876 en una línea muy al norte de la Patagonia. La marcaba físicamente la Zanja de Alsina, una trinchera de 374 kilómetros excavada entre 1876 y 1877 como barrera defensiva, no ofensiva. Recién con la campaña de Roca ese control se desplazó de forma abrupta hacia el sur, hasta los ríos Negro y Neuquén. Ahí se incorporó por primera vez de manera real, y no solo cartográfica, la Patagonia al Estado argentino. La distancia entre lo que el mapa decía y lo que el Estado controlaba es, en sí misma, una lección de realismo. La soberanía que no se sostiene con capacidad de control territorial es dibujo de mapa, nada más.
Los números posteriores conviene tenerlos a mano para cuando alguien diga que «Argentina siempre fue así». Hacia 1910 el país ocupaba el 8° lugar del mundo en PBI per cápita, con un ingreso estimado en 6.100 dólares internacionales de 1990. Superaba a Canadá, Alemania, Francia e Italia. No fue una potencia militar de primer orden ni geopolítica, porque el mito de «Argentina potencia» es más relato retrospectivo que realidad de época. Sí fue un país que jugaba en la liga de los que importaban en el tablero global. Después, la cosa se empezó a desarmar.
Waltz, Mearsheimer y Clausewitz: el manual que la política nunca leyó
El historiador militar Barry Posen define la gran estrategia como el conjunto de medios y fines militares, económicos y políticos con los que un Estado intenta garantizar su seguridad. La doctrina militar, dicho sea de paso, es apenas un subcomponente de esa gran estrategia, no un sinónimo. Confundir los dos términos es parte de por qué en Argentina la discusión suele quedar atrapada en el hardware militar y nunca llega al diseño de intereses de fondo.
Una gran estrategia seria no es una lista de países con los que «queremos tener buena relación». Es un marco de análisis que arranca de una premisa incómoda: el sistema internacional es anárquico y cada Estado necesita maximizar su margen de seguridad en función del poder relativo. Esa es, en esencia, la tesis del realismo estructural de Kenneth Waltz. El comportamiento de los Estados se explica menos por sus ideologías o liderazgos que por la posición que ocupan en la distribución de poder del sistema. No importa tanto quién gobierna. Importa cuánto poder relativo tiene el país y qué hace con él.
John Mearsheimer, heredero crítico de Waltz y padre del realismo ofensivo, va un paso más allá. Los Estados no se conforman con sobrevivir, buscan maximizar su poder relativo, porque la única garantía real de seguridad es la hegemonía, o al menos la superioridad regional. Cualquier gran potencia que pueda expandir su influencia lo va a hacer. Los Estados que actúan en base a normas o buena voluntad, como si fueran garantías reales, terminan pagando el precio de su ingenuidad. Es un marco incómodo para el discurso político argentino promedio, que suele hablar de «valores compartidos» como si eso reemplazara un cálculo de intereses.
Clausewitz al revés: cuando la política interna gobierna la exterior
Carl von Clausewitz escribía sobre la guerra, pero en realidad describía el poder en general. Dejó la frase que cualquier político debería tener pintada en la pared: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Diplomacia, comercio exterior, defensa y hasta política migratoria no son compartimentos estancos ni ejercicios de relaciones públicas. Son instrumentos de una misma estrategia que persigue intereses nacionales concretos. Esa fórmula, sin embargo, también puede leerse al revés. En la historia argentina reciente suele leerse exactamente así.
Cuando la política exterior deja de ser la continuación de un interés nacional definido y pasa a ser la continuación de la política interna por otros medios, ya no hay gran estrategia posible. No la salvan los discursos, las cancillerías ni los consejos de seguridad. Esa es la clave que explica buena parte de lo que sigue. Una gran estrategia seria necesita continuidad más allá del gobierno de turno, coherencia entre Fuerzas Armadas, comercio y ciencia, y realismo sobre capacidades reales en lugar de nostalgia.
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El gasto en defensa argentino frente al espejo regional
El presente es la confirmación numérica de todo lo anterior. El gasto en defensa argentino cerró 2025 en unos 3.731 millones de dólares, según el informe anual 2026 del SIPRI. Eso equivale a apenas 0,56% del PBI, muy por debajo del promedio mundial de 2,5%, y es el más bajo entre las principales economías de la región.
La comparación regional no deja lugar a la autoindulgencia. Colombia destina 3,20% de su PBI a defensa, Uruguay 2,28%, Ecuador 2,10%, Chile 1,52%, Bolivia 1,21% y Brasil entre 1,05% y 1,13%, aunque con el mayor volumen absoluto de Sudamérica. La comparación se mide en esfuerzo relativo, no en volumen. Bolivia destina más porcentaje de su producto que Argentina, aunque en dólares absolutos gaste bastante menos. En gasto per cápita Chile lidera con 259 dólares por habitante. Argentina apenas supera los 83 a 85 dólares, y la tendencia es de caída sostenida desde el 0,75% de 2010.
Para Argentina, el riesgo no es solo quedar mal parada frente a sus vecinos en una foto de gasto militar. Es seguir tratando la política exterior como plataforma de legitimación ideológica interna, tanto de un signo político como del otro, en lugar de como instrumento de un interés nacional definido. No hay mecanismo institucional al estilo de los Libros de Defensa chilenos que obligue a cada gobierno entrante a partir de un diagnóstico común. Así, cada administración arranca de cero, con su propio relato sobre «el lugar de Argentina en el mundo». Ese relato dura lo que dura el gobierno y ni un día más.
La tentación permanente, además, es sustituir el análisis frío de capacidades por el relato de a dónde «merecemos» estar en el mundo. Argentina no es ni va a ser, en el horizonte previsible, una potencia global. Tampoco una potencia militar regional de primer orden frente a Brasil. Aceptar eso no es derrotismo. Es el primer paso de cualquier estrategia que aspire a sobrevivir más de cuatro años.
Qué necesitaría una política de defensa que sobreviva a la alternancia
La respuesta a la pregunta que da título a esta nota es incómoda pero simple. Argentina tuvo una gran estrategia real una sola vez, con la Generación del 80. Desde entonces osciló entre la improvisación reactiva y la sustitución de intereses por ideología. Ningún gobierno democrático desde 1983 construyó un marco capaz de sobrevivir a la alternancia política. Hay incapacidad estructural real, porque una macroeconomía crónicamente inestable convierte al gasto en defensa argentino en la primera variable de ajuste de cada crisis. Pero también hay incompetencia política reiterada.
Una visión de política exterior que perdure en el tiempo, si alguna vez se construye, tendría que partir de premisas incómodas en la línea de Waltz y Mearsheimer. Aceptar el poder relativo limitado y decreciente del país. Dejar de lado la nostalgia del granero del mundo de 1910. Acumular de forma sostenida capacidades reales donde Argentina sí tiene ventajas objetivas: litio, energía, alimentos y la capacidad nuclear civil ya instalada. Recuperar el gasto de defensa y blindar esa estrategia institucionalmente son los primeros pasos.
Mientras eso no pase, mientras la política exterior siga siendo la continuación de la interna por otros medios y no al revés, Argentina va a seguir discutiendo si es incompetente o incapaz. La pregunta de fondo, sin embargo, es otra. ¿Cuánto tiempo más puede un país discutir su lugar en el mundo sin decidir primero qué lugar está dispuesto a pagar?
