Por: Victor Reyes
Bolivia ha entrado en una espiral de violencia política sin precedentes en su historia reciente. Bloqueos de carreteras, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, muertos en las rutas y un expresidente prófugo de la justicia. El gobierno de EE.UU. ha denunciado formalmente que Bolivia atraviesa una severa crisis institucional que califica como un «golpe de Estado en marcha», respaldando de forma irrestricta la continuidad del presidente Rodrigo Paz. El epicentro político del conflicto tiene un nombre, Evo Morales.
Las acusaciones contra Evo Morales
El expresidente boliviano Evo Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019, enfrenta hoy un doble frente judicial y político que ha desatado la crisis actual. El 11 de mayo de 2026, un tribunal en la ciudad de Tarija lo declaró en rebeldía y emitió una orden de captura en su contra, luego de que no se presentara al inicio del juicio oral por presunta trata agravada de personas.
La Fiscalía boliviana acusa a Morales de haber sostenido una relación con una adolescente de 15 años, con quien presuntamente tuvo una hija. De acuerdo con el expediente judicial, los padres de la menor habrían consentido la relación a cambio de beneficios. La acusación se sostiene, según el Ministerio Público, en más de 170 pruebas, incluyendo 39 testimonios.
No es la primera vez que Morales desafía a la justicia en este caso. Las autoridades emitieron una primera orden de arresto en octubre de 2024, pero no pudieron ejecutarla después de que sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días, impidiendo que los agentes llegaran a la región donde permanece resguardado. En enero de 2025 fue declarado en rebeldía por primera vez, tras no presentarse a una audiencia de detención preventiva. La situación de mayo de 2026 repite ese patrón, pero con una tensión social mucho más elevada.
La defensa de Morales argumenta vicios procesales. El abogado Wilfredo Chávez afirmó que la citación fue realizada mediante un edicto público y no enviada directamente al domicilio del líder del Movimiento al Socialismo (MAS). También alegaron que el caso había sido investigado previamente bajo otro delito en 2019 y archivado en 2020, por lo que consideran el proceso una persecución política.
Pero el frente judicial no es el único. El gobierno de Rodrigo Paz ha acusado formalmente a Morales de ser el cerebro de las movilizaciones. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció en conferencia de prensa que las manifestaciones son financiadas desde el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales. «Quieren salir a bloquear sin ninguna propuesta, sin ningún planteamiento; es para que caiga el gobierno», afirmó Oviedo.
El portavoz presidencial José Luis Gálvez elevó el tono al atribuir las movilizaciones a «un plan macabro» financiado por el narcotráfico, y responsabilizó directamente a Morales de las muertes registradas durante las protestas. Por su parte, el canciller boliviano Fernando Aramayo ha señalado que el Palacio Quemado recurrirá a los tribunales internacionales para ponerle freno a Morales, calificando las acciones de los manifestantes como «sedición» y «terrorismo de Estado».
¿Qué está pasando en Bolivia?
Para comprender la crisis actual, hay que remontarse a la estructura económica e institucional que dejó más de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo. Más del 60% de los bolivianos considera que el país va por mal camino, mientras la economía y la caída de los ingresos aparecen como las principales preocupaciones sociales. La inmensa mayoría percibe que la impunidad domina el país y que la justicia prácticamente ha desaparecido.
El detonante inmediato de las protestas fue económico. La crisis comenzó a escalar luego de que el gobierno de Rodrigo Paz anunciara reformas para intentar estabilizar una economía golpeada por la inflación, la escasez de combustibles, el deterioro fiscal y la falta de divisas. Entre las iniciativas se mencionan cambios en hidrocarburos, minería, energía, economía verde y apertura a inversiones. Para el oficialismo, esas medidas buscan sacar al país del colapso heredado. Para la oposición radicalizada, representan un giro «neoliberal» que debe ser frenado en las calles.
Las protestas, que comenzaron de forma esporádica en enero de 2026, escalaron con fuerza a principios de mayo y mantienen al país en una situación de alta tensión. La movilización reúne a mineros, maestros, campesinos, transportistas y grupos afines al expresidente Evo Morales.
El lunes hubo movilizaciones en La Paz, El Alto y Cochabamba, y se registraron más de 30 puntos de bloqueo en carreteras, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, donde los medios locales reportan pérdidas millonarias y escasez de alimentos de la canasta básica. Los bloqueos ya cobraron tres vidas. Una joven de 20 años falleció en El Alto tras convulsionar durante tres horas sin atención médica.
En medio del caos, el gobierno de Rodrigo Paz ha buscado salidas. El gobierno intentó descomprimir la situación mediante la abrogación de la reforma agraria y la convocatoria al diálogo a distintos sectores, aunque a la vez amenazó con judicializar la protesta. El canciller Aramayo rechazó cualquier posibilidad de renuncia y condicionó el diálogo al abandono de la violencia. Internacionalmente, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú han conformado un bloque de respaldo a la institucionalidad boliviana.
Por qué es importante para la región
Bolivia en llamas no es solo un asunto interno. La crisis tiene implicaciones directas para la estabilidad de toda América del Sur y, por extensión, del hemisferio occidental. El vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau elevó la crisis boliviana a un conflicto institucional de alcance continental y afirmó que «la gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo».
La crisis ya no es exclusivamente boliviana. Las declaraciones de EE.UU. incluyeron un llamado a otros gobiernos latinoamericanos para que respalden institucionalmente a Rodrigo Paz. Landau cuestionó el silencio de algunos países y reclamó una postura más activa de actores regionales como Brasil y Colombia.
El modelo político que encarnó el MAS ha tenido reverberaciones en Venezuela, Nicaragua y Cuba, países que han guardado silencio ante la crisis. La narrativa que ha construido Morales, describiendo la situación como un «Plan Cóndor 2026» impulsado desde Washington, busca movilizar solidaridades ideológicas regionales y convertir un proceso judicial legítimo en una disputa geopolítica.
El análisis de esta crisis apunta directamente al modelo instaurado desde la llegada de Morales al poder. El reemplazo de la República por el Estado Plurinacional significó el inicio de un proceso de concentración de poder, debilitamiento institucional y deterioro económico que terminó derivando en un sistema penetrado por el narcotráfico. La caída del gobierno de Paz, si se produjera, podría reactivar ese modelo y consolidar lo que varios analistas ya llaman un narcoestado en el corazón de Sudamérica.
Para los países vecinos, especialmente Argentina, Brasil, Perú y Chile, una Bolivia desestabilizada implica mayor presión migratoria, rutas más activas de tráfico de cocaína y una frontera porosa que dificulta la cooperación en seguridad. Bolivia se ha convertido en un punto estratégico de exportación de cocaína hacia Europa y Asia-Pacífico, utilizando corredores terrestres, puertos chilenos y rutas marítimas de largo alcance. El efecto dominó de un colapso institucional en ese nodo logístico sería devastador para toda la región.
Las consideraciones de seguridad de un colapso estatal boliviano
El escenario más preocupante que analistas y gobiernos de la región están evaluando es el de un colapso funcional del Estado boliviano. No necesariamente una guerra civil, sino una erosión progresiva de la capacidad institucional que deje territorios enteros bajo control de redes narcoterroristas.
El Chapare es el símbolo de esa pérdida de soberanía estatal, la de un territorio donde el gobierno central carece de control efectivo y donde el poder del narcotráfico opera con capacidad de presión política y social. El exembajador Jaime Aparicio advirtió que el Chapare concentra el 96% de la coca que va al narcotráfico. Morales permanece en esa zona, custodiado por miles de seguidores que actúan como escudo humano frente a cualquier operación policial o militar.
La penetración de grupos del crimen organizado en la Policía Boliviana y las fuerzas del orden ha neutralizado el combate efectivo de la delincuencia, proveyendo impunidad y complicidad al crimen organizado. Esto implica que el Estado boliviano ya no opera como un ente soberano en partes significativas de su territorio. Es una condición que, de no revertirse, acerca al país al modelo de Estado fallido.
Organizaciones criminales transnacionales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo de Brasil han ampliado su presencia en Bolivia, fortaleciendo vínculos locales y su capacidad operativa. Las redes del crimen transnacional en Bolivia no se limitan al narcotráfico, abarcan también mafias vinculadas a la minería ilegal, el contrabando de oro, el contrabando de combustibles y la trata de personas, y han creado una superestructura de poder basada en prebendas durante más de 20 años.
La minería ilegal en Bolivia se ha constituido en una pieza central de la economía ilícita. El movimiento económico vinculado a la minería informal del oro alcanzaría aproximadamente 4 mil millones de dólares anuales, con presencia extendida en regiones amazónicas y participación creciente de actores extranjeros, particularmente vinculados a China.
Si el gobierno de Paz cae, ya sea por renuncia o por un colapso político, y el MAS regresa al poder bajo condiciones de impunidad total para Morales, el proceso de cooperación antidrogas que se había iniciado con EE.UU. quedaría paralizado. En febrero de 2026, Bolivia reanudó la coordinación con la DEA para fortalecer el intercambio de información investigativa, luego de 17 años sin colaboración directa. Ese esfuerzo, frágil aún, sería el primer sacrificio de una reversión política.
El escenario de colapso también tiene una dimensión militar. Las Fuerzas Armadas bolivianas han permanecido relativamente al margen del conflicto hasta ahora, pero su postura podría tornarse decisiva. Un ejército que históricamente ha tenido influencia en momentos de crisis política representa tanto una garantía de estabilidad como un riesgo de escalada si la situación se desborda.
Bolivia es, en definitiva, el reflejo más crudo de lo que ocurre cuando el crimen organizado penetra las instituciones de un Estado durante dos décadas. El resultado no es solo una crisis política pero la amenaza concreta de un vacío de poder en el centro geográfico de Sudamérica, con consecuencias que ningún país vecino puede ignorar.
