El coronel Miguel Estuardo Barrios Martínez presentó el 7 de octubre una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) de Guatemala. El documento señaló al ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos, y al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), general José Geovani Martínez Milián, por los hechos armados del 27 de septiembre en Huité, Zacapa.
Gordos Defensa tuvo acceso a la denuncia, registrada bajo el número MPE01-2026-71660. Ingresó por vía electrónica a las 13:30 horas. Un auxiliar fiscal de la Fiscalía Distrital Metropolitana la firmó digitalmente poco más de una hora después.
Qué sostuvo la denuncia contra la cúpula militar
Barrios Martínez narró que la tarde del domingo 27 de septiembre, a las 17:45, se produjo en Huité un hecho armado. Según su escrito, en él posiblemente participaron integrantes del Batallón Especial de Interdicción y Respuesta (BEIR). La denuncia ubicó a esa unidad bajo el control directo de Martínez Milián y con autorización para operar del ministro Sáenz.
El documento atribuyó a ambos mandos una responsabilidad directa por los cargos que ocupaban. Planteó además que, si las muertes resultaban atribuibles a los altos mandos, el caso constituiría una ejecución extrajudicial, por tratarse de una institución del Estado. La acción también se dirigió contra quienes resultaran responsables durante la investigación.
La denuncia detalló que las víctimas fueron ocho civiles. La municipalidad de Huité identificó a siete adultos y a una menor de edad entre los fallecidos.
El denunciante también objetó que la institución militar investigue internamente la conducta de sus propios integrantes. Por su parte, la fiscalía afirmó que analiza todos los elementos e informes vinculados a los incidentes, aunque el caso permanece bajo reserva.
La denuncia de un coronel en actividad contra el ministro y el jefe del EMDN no tuvo precedentes recientes en Guatemala. Llegó además en un momento en que la versión oficial ya había cambiado varias veces.
Si querés seguir de cerca cómo termina el caso que sacudió al Ejército de Guatemala, suscribite a El Debriefing, el newsletter de Gordos Defensa.
La masacre de Huité y el relevo en el Estado Mayor
El 28 de septiembre, el Ejército atribuyó lo ocurrido a disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado transnacional. La institución descartó entonces cualquier incursión propia. El Concejo Municipal de Huité rechazó esa lectura y sostuvo que no hubo un enfrentamiento sino la intervención de un comando que entró con uso desmedido de la fuerza.
El 30 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo admitió que sí hubo presencia militar y ordenó una comisión multidisciplinaria. Versiones iniciales vincularon el despliegue con la captura del líder de Los Lorenzana, Haroldito, cabeza de una estructura narcoterrorista con fuerte arraigo en Zacapa. Vecinos también informaron sobre hombres fuertemente armados y el sobrevuelo de dos helicópteros, cuyo origen sigue sin aclararse.
El 8 de octubre, un día después de la denuncia, Arévalo anunció que la comisión había entregado su informe. Según el ministro Sáenz, el documento estableció que el despliegue tuvo como fin instalar puestos de registro y control en los accesos al casco urbano. Agregó que, al oír detonaciones sin amenaza identificada, el personal efectuó disparos disuasivos de advertencia y decidió no entrar al enfrentamiento.
El informe incluyó a 107 militares de todas las jerarquías, que quedaron a disposición de la Fiscalía. Arévalo dispuso además el relevo de Martínez Milián, reemplazado por Moisés Alexander López López, y el del comandante de la Segunda Brigada de Infantería con sede en Zacapa. La brigada fue concentrada, con su personal, armamento y equipo a disposición del MP.
El mandatario aclaró que se trató de decisiones administrativas y no de conclusiones judiciales. Sáenz, el otro denunciado, permaneció en el cargo.
Lo que la investigación todavía no respondió
La denuncia mencionó al BEIR, pero las medidas oficiales recayeron sobre la Segunda Brigada de Infantería. Ninguna autoridad confirmó públicamente si el BEIR operó en Huité.
Tampoco se explicó la contradicción entre el informe militar y el testimonio municipal. El primero describió disparos de advertencia y una decisión de no intervenir. El segundo habló de un comando que irrumpió con fuerza desmedida. El origen de los dos helicópteros reportados por los vecinos siguió sin respuesta.
El informe de la comisión quedó bajo reserva por disposición judicial. Eso limitó el escrutinio público sobre los hechos en el corto plazo. La investigación penal sobre la masacre de Huité quedó así en manos del MP, que deberá determinar si hubo responsabilidad de la cadena de mando.
Huité se encuentra en una zona cercana a la frontera con Honduras, considerada estratégica para las rutas de las estructuras narcoterroristas. El desenlace del caso pondrá a prueba los controles civiles sobre las unidades de interdicción del Ejército de Guatemala.
