Gordos Defensa tuvo acceso a la denuncia, registrada bajo el número MPE01-2026-71660. Ingresó por vía electrónica a las 13:30 horas. Un auxiliar fiscal de la Fiscalía Distrital Metropolitana la firmó digitalmente poco más de una hora después.

Qué sostuvo la denuncia contra la cúpula militar

Barrios Martínez narró que la tarde del domingo 27 de septiembre, a las 17:45, se produjo en Huité un hecho armado. Según su escrito, en él posiblemente participaron integrantes del Batallón Especial de Interdicción y Respuesta (BEIR). La denuncia ubicó a esa unidad bajo el control directo de Martínez Milián y con autorización para operar del ministro Sáenz.

El documento atribuyó a ambos mandos una responsabilidad directa por los cargos que ocupaban. Planteó además que, si las muertes resultaban atribuibles a los altos mandos, el caso constituiría una ejecución extrajudicial, por tratarse de una institución del Estado. La acción también se dirigió contra quienes resultaran responsables durante la investigación.

La denuncia detalló que las víctimas fueron ocho civiles. La municipalidad de Huité identificó a siete adultos y a una menor de edad entre los fallecidos.

El denunciante también objetó que la institución militar investigue internamente la conducta de sus propios integrantes. Por su parte, la fiscalía afirmó que analiza todos los elementos e informes vinculados a los incidentes, aunque el caso permanece bajo reserva.

La denuncia de un coronel en actividad contra el ministro y el jefe del EMDN no tuvo precedentes recientes en Guatemala. Llegó además en un momento en que la versión oficial ya había cambiado varias veces.

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La masacre de Huité y el relevo en el Estado Mayor

El 28 de septiembre, el Ejército atribuyó lo ocurrido a disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado transnacional. La institución descartó entonces cualquier incursión propia. El Concejo Municipal de Huité rechazó esa lectura y sostuvo que no hubo un enfrentamiento sino la intervención de un comando que entró con uso desmedido de la fuerza.

El 30 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo admitió que sí hubo presencia militar y ordenó una comisión multidisciplinaria. Versiones iniciales vincularon el despliegue con la captura del líder de Los Lorenzana, Haroldito, cabeza de una estructura narcoterrorista con fuerte arraigo en Zacapa. Vecinos también informaron sobre hombres fuertemente armados y el sobrevuelo de dos helicópteros, cuyo origen sigue sin aclararse.

El 8 de octubre, un día después de la denuncia, Arévalo anunció que la comisión había entregado su informe. Según el ministro Sáenz, el documento estableció que el despliegue tuvo como fin instalar puestos de registro y control en los accesos al casco urbano. Agregó que, al oír detonaciones sin amenaza identificada, el personal efectuó disparos disuasivos de advertencia y decidió no entrar al enfrentamiento.

El informe incluyó a 107 militares de todas las jerarquías, que quedaron a disposición de la Fiscalía. Arévalo dispuso además el relevo de Martínez Milián, reemplazado por Moisés Alexander López López, y el del comandante de la Segunda Brigada de Infantería con sede en Zacapa. La brigada fue concentrada, con su personal, armamento y equipo a disposición del MP.

El mandatario aclaró que se trató de decisiones administrativas y no de conclusiones judiciales. Sáenz, el otro denunciado, permaneció en el cargo.

Lo que la investigación todavía no respondió

La denuncia mencionó al BEIR, pero las medidas oficiales recayeron sobre la Segunda Brigada de Infantería. Ninguna autoridad confirmó públicamente si el BEIR operó en Huité.

Tampoco se explicó la contradicción entre el informe militar y el testimonio municipal. El primero describió disparos de advertencia y una decisión de no intervenir. El segundo habló de un comando que irrumpió con fuerza desmedida. El origen de los dos helicópteros reportados por los vecinos siguió sin respuesta.

El informe de la comisión quedó bajo reserva por disposición judicial. Eso limitó el escrutinio público sobre los hechos en el corto plazo. La investigación penal sobre la masacre de Huité quedó así en manos del MP, que deberá determinar si hubo responsabilidad de la cadena de mando.

Huité se encuentra en una zona cercana a la frontera con Honduras, considerada estratégica para las rutas de las estructuras narcoterroristas. El desenlace del caso pondrá a prueba los controles civiles sobre las unidades de interdicción del Ejército de Guatemala.

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De la frontera norte a la crisis del Beagle

Según medios especializados en historia aeronáutica chilena, 1974 fue un año “muy crítico”. El gobierno peruano de Juan Velasco Alvarado impulsó un rearme sostenido de su Fuerza Aérea. La FACh respondió con la compra de 18 F-5E/F nuevos a Northrop: 15 monoplazas y tres biplazas. Con ellos entró en la era supersónica.

Los primeros ejemplares arribaron el 26 de julio de 1976. Quedaron asignados al Grupo de Aviación N°7, en la Base Aérea Cerro Moreno de Antofagasta, donde permanecieron 34 años.

La prueba más dura llegó pronto. En agosto de 1978, en plena crisis del Beagle, la enmienda Kennedy ya había cortado el acceso a repuestos y manuales estadounidenses. Hacia fin de ese mes, solo tres F-5E estuvieron operativos. Los 100 misiles AIM-9J adquiridos tampoco pudieron usarse, porque el proveedor los entregó por partes. La flota de combate chilena completa, de 84 reactores, apenas alcanzó el 44% de operatividad.

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El F-5 Tigre III de la FACh y la cuenta regresiva

La normalización del abastecimiento abrió paso a la modernización. Israel Aerospace Industries (IAI) presentó el F-5 Plus en junio de 1993, en el Salón de Le Bourget. La FACh recibió formalmente el primer avión modernizado el 15 de diciembre de ese año. El paquete sumó radar Elta EL/M-2032B, HUD, HOTAS, casco de puntería DASH y nuevos sistemas de guerra electrónica. Desde 2015, Enaer aplicó tecnología de Kellstrom para reparar las alas y extender la vida útil de las células.

El avión participó en Red Flag en 1998, en Cruzex en 2008 y en Salitre 2026. En 2010, la llegada de los F-16MLU a Antofagasta llevó la flota a Chabunco, en Punta Arenas, bajo el Grupo de Aviación N°12. Según la prensa chilena, la dotación actual suma ocho F-5E y tres F-5F.

En mayo, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, planteó una “perspectiva de mediano a corto plazo” para reemplazar el F-5 Tigre III de la FACh. Condicionó el recambio a la planificación y a los recursos disponibles. La institución proyectó mantener los aviones operativos unos diez años más. Algunos medios chilenos mencionaron al F-35 Lightning II como posible candidato, sin confirmación oficial.

En la ceremonia, el comandante en jefe, general del aire Hugo Rodríguez, recordó que el avión sirvió “primero en la frontera norte y ahora en Patagonia”.

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La escala ecuatoriana formó parte de una gira regional de tres países. Rubio llegó a Quito después de su paso por Colombia, donde se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella, y desde allí se trasladó a Perú.

En la misma jornada, Washington ha sumado otra estructura ecuatoriana a su lista terrorista. El Departamento de Estado designó a Los Tiguerones como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. Antes ya habían recibido la misma designación Los Choneros y Los Lobos.

Los 45 millones para Ecuador y el refuerzo naval

Rubio justificó el pedido con una caracterización directa de las organizaciones narcoterroristas ecuatorianas. Sostuvo que no se trató de grupos comunes, sino de estructuras que, además del crimen común, tuvieron capacidad terrorista a nivel regional. Según el funcionario, los fondos buscaron contribuir al esfuerzo de desmantelar estos grupos de forma definitiva.

Rubio también anunció 10 millones de dólares adicionales para enfrentar la minería ilegal, el reclutamiento de integrantes de organizaciones criminales y las finanzas ilícitas. El secretario de Estado afirmó que esas actividades no fueron solo un problema de seguridad, sino un despojo de recursos que debieron beneficiar a la población ecuatoriana.

El componente material del paquete fue naval. EE.UU. anunció la transferencia de un buque de 110 pies de la Guardia Costera y la entrega de cinco interceptores adicionales durante los próximos meses. Con esas incorporaciones, según Rubio, Ecuador dispondrá de un total de 12 embarcaciones de este tipo transferidas en el último año.

La eslora de 110 pies coincidió con la de la clase Island, operada durante décadas por la Guardia Costera. Sin embargo, el Departamento de Estado no identificó la clase ni el casco de la unidad transferida.

Rubio destacó además los resultados en interdicción marítima. Señaló que la Armada ecuatoriana decomisó aproximadamente 2,5 toneladas métricas de droga dentro de las operaciones mencionadas.

La comparación con la visita anterior resultó significativa. En septiembre de 2025, EE.UU. comprometió más de 13 millones de dólares contra las drogas y el crimen. A esa cifra se sumaron 6 millones en sistemas aéreos no tripulados para la Armada del Ecuador. El nuevo pedido ha más que triplicado aquel monto de asistencia.

Un matiz resultó central. Hasta el cierre de esta nota, no se había difundido el desglose del pedido de 45 millones para Ecuador ni el calendario de su tratamiento legislativo. La cifra correspondió, por lo tanto, a una solicitud y no a un desembolso aprobado.

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Los Tiguerones y la presión sobre el narcoterrorismo en el Pacífico

Los Tiguerones figuraron entre las organizaciones más poderosas de Ecuador y disputaron con Los Choneros y Los Lobos el control de puertos, rutas de tráfico y cárceles. La estructura fue vinculada con tráfico de cocaína, extorsión, sicariato, tráfico de armas y lavado de dinero.

El grupo ganó notoriedad internacional en enero de 2024, cuando hombres armados irrumpieron en un estudio de televisión durante una transmisión en vivo. El ataque ocurrió en TC Televisión, en Guayaquil. El Departamento de Estado citó ese episodio entre las actividades ilícitas atribuidas a la organización.

La designación tuvo consecuencias operativas concretas. En el caso de Los Choneros y Los Lobos, la medida permitió a Washington congelar activos, perseguir a asociados y compartir inteligencia con Ecuador.

Esa cooperación ya se ha traducido en acciones cinéticas. En las últimas semanas, EE.UU. realizó operaciones en el Pacífico contra embarcaciones ecuatorianas vinculadas a estructuras de Los Choneros. Hasta el miércoles, se habían reportado seis embarcaciones hundidas. Rubio mencionó incluso ataques conjuntos contra lanchas presuntamente utilizadas por redes de contrabando de droga.

El paquete incorporó también una dimensión institucional. Rubio anunció sanciones contra siete exfuncionarios ecuatorianos acusados de soborn.

En el plano político, el mensaje fue explícito. Rubio afirmó: “No tenemos mejor aliado en la región”. Noboa, por su parte, le otorgó la Gran Cruz de la Orden Nacional al Mérito.

El contexto explicó la prioridad asignada a Quito. Según datos del gobierno ecuatoriano citados en 2025, cerca del 70% de la cocaína mundial transitó por el país, procedente de Colombia y Perú.

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Al día siguiente se publicó el decreto. Las planillas anexas permiten reconstruir cuánto se reasignó, a qué jurisdicción y bajo qué modalidad. Lo que no permiten es confirmar cuánto de ese dinero va efectivamente a la instalación anunciada.

Lo que se anunció

El mensaje presidencial combinó herramientas de distinta naturaleza. Un decreto para dar mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659, que regula la actividad hidrocarburífera en la plataforma continental y sanciona a quienes operan sin autorización nacional. Una ampliación de recursos para el Ministerio de Defensa con la base y las telecomunicaciones como destino prioritario. Y un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que se enviará al Congreso, con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, más un marco de protección de infraestructura crítica y de protección aeroespacial y marítima.

El proyecto de ley depende del tratamiento parlamentario. Los decretos, en cambio, ya se publicaron.

Los decretos que ya se publicaron

El 4 de septiembre se publicaron dos decretos firmados el día anterior. El Decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, fijó un procedimiento con plazo de diez días hábiles para sancionar a quienes desarrollen actividad hidrocarburífera no autorizada en la plataforma, e incorporó una declaración jurada de cumplimiento de esa ley como requisito para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y para obtener permisos hidrocarburíferos.

El Decreto 867/2026, de necesidad y urgencia, aprobó la modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026. En sus considerandos, el Poder Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento. Es el instrumento formal que respalda la planilla que circuló junto con el anuncio.

Cuánto se reasignó y adónde fue

El conjunto de modificaciones vinculadas al área de Defensa alcanzó aproximadamente 217.954 millones de pesos, unos 140 millones de dólares al tipo de cambio del día. El reparto por jurisdicción es el siguiente.

El Ministerio de Defensa concentró la partida mayor, con 114.732.800.677 pesos asignados íntegramente bajo la figura de aplicaciones financieras, en el concepto de adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo. El Estado Mayor General del Ejército incorporó 60.429.467.258 pesos por la misma vía. La Fuerza Aérea sumó 31.211.124.000 pesos en adelantos, más 2.945.822.600 pesos para el programa de Alistamiento Operacional, estos últimos como gasto corriente en personal, con un total de 34.156.946.600 pesos.

La Armada quedó en otro plano. Recibió 8.115.569.620 pesos, de los cuales 5.915.405.000 corresponden a Alistamiento Operacional, con 2.400 millones en bienes de consumo y 3.215,4 millones en servicios no personales, incluido mantenimiento y reparación de edificios, vehículos, maquinaria y equipos. Se agregan 300 millones en gastos de capital para equipamiento informático y 2.200.164.620 pesos para Actividades Centrales, también en equipo informático. El Estado Mayor Conjunto incorporó 519.368.706 pesos para Planeamiento Militar Conjunto, en su totalidad gastos en personal permanente.

Fuera del área de Defensa, el mismo decreto asignó 85.499.000.000 pesos a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, con el diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites SARE II A como ítem destacado, y 30.518.942.441 pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado, de los cuales 19.613,9 millones son gastos de capital en maquinaria y equipo.

Esta semana publicamos el análisis de la base naval integrada y su articulación con la Base Antártica Petrel dentro de la cadena logística del Atlántico Sur. Para no perdértelo, suscribite a El Debriefing, el newsletter de Gordos Defensa.

Por qué la planilla no confirma el destino

De los 217.954 millones asignados al área, más de 206.373 millones corresponden a aplicaciones financieras bajo el concepto de adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo. Esa figura es la que suele utilizarse para contratos de obra e infraestructura y para adquisiciones plurianuales que requieren desembolsos anticipados. Es una vía compatible con el financiamiento inicial de una obra portuaria de escala.

Pero la planilla no desagrega por proyecto. No existe una línea rotulada como base naval, Tierra del Fuego, Ushuaia o telecomunicaciones navales. Y la distribución por fuerza complica la lectura directa.

La partida del Ejército, la segunda en magnitud, corresponde a compromisos de adquisición ya en curso que no tienen relación con infraestructura naval. Lo mismo aplica a la Fuerza Aérea. Atribuir la totalidad de los 206.373 millones a la instalación anunciada implica ignorar los programas de equipamiento terrestre y aéreo que el propio Gobierno viene ejecutando bajo esa misma modalidad contable.

El dato más elocuente es el opuesto. La Armada, la fuerza que operaría el emplazamiento, no recibió ningún peso en adelantos a proveedores. Sus 8.115 millones se orientan a sostenimiento, mantenimiento y equipamiento informático. Si el decreto estuviera destinando fondos de arranque a una base naval de escala, la ausencia de la fuerza naval en la modalidad financiera correspondiente es, como mínimo, una particularidad que merece explicación.

El origen de los fondos aporta un elemento más. La planilla incluye una línea de venta de edificios e instalaciones previamente afectados al Ministerio de Defensa por poco más de 44.000 millones de pesos, en el marco del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, el Plan ARMA, creado por el DNU 314/2026 en mayo. Ese esquema es anterior al anuncio y merece un análisis propio.

Qué falta definir sobre la base naval integrada

Más allá de la fuente de los fondos, el anuncio dejó abiertas las preguntas que determinan la escala del proyecto.

No se precisó el emplazamiento dentro de Tierra del Fuego, aunque la referencia al polo logístico del Atlántico Sur apunta al área de Ushuaia. No se indicó el monto asignado específicamente a la obra. No se definió el alcance de la instalación, es decir, si se trata de una base de apoyo logístico, de una con capacidad de apostadero para unidades de superficie, o de una infraestructura de uso conjunto con proyección antártica. Tampoco se estableció cronograma ni etapas.

El componente de telecomunicaciones quedó enunciado sin detalle. Es una definición relevante porque la vigilancia y el control de los espacios marítimos jurisdiccionales dependen tanto de las plataformas como de la arquitectura de comunicaciones que las integra, y ese segundo elemento suele ser el que queda sin financiar.

El contexto del mismo día

El anuncio llegó horas después de la reunión bilateral entre Milei y el presidente chileno José Antonio Kast en La Moneda, de la que surgió un comunicado conjunto en el que Chile ratificó su respaldo al reclamo argentino sobre Malvinas y ambos gobiernos coincidieron en que los tratados de 1881 y 1984 establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes.

El disparador de fondo es el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que según el Gobierno tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en la zona en disputa en los próximos meses.

La pregunta que queda

El decreto confirmó que hubo dinero y que se movió con velocidad. Lo que no confirmó es que ese dinero tenga por destino la obra anunciada.

Una base naval integrada con capacidad real de sostener operaciones en el Atlántico Sur y proyección antártica es una infraestructura de varios años y de un orden de magnitud que 140 millones de dólares repartidos entre cinco jurisdicciones no cubre. La respuesta llegará con el detalle de ejecución de las partidas y con el proyecto de presupuesto. Hasta entonces, lo anunciado sigue siendo una decisión política con destino definido y monto abierto.

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El catálogo se había presentado en el plano local el 22 de julio, ante 23 empresas del sector, con capacitaciones a cargo de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa sobre las herramientas Kit Digital 4.0 y Exporta Simple. La instancia de agosto trasladó esa misma herramienta al plano internacional.

De 253 a 110: el embudo que mide el sector real

El Director Nacional de Planes y Programas para la Industria y Producción para la Defensa, Leandro Gargiulo, detalló el recorrido completo del relevamiento. La Secretaría identificó 253 empresas vinculadas directamente al sector. De ese universo, 139 se inscribieron para integrar la herramienta y más de 110 superaron el proceso de análisis y curaduría técnica.

Las compañías incorporadas tienen presencia en ocho provincias y capacidades distribuidas en más de veinte áreas temáticas, entre ellas tecnología, aeronáutica, naval, telecomunicaciones, electrónica, software, automotores, energía y sistemas no tripulados.

El dato que más informa sobre el estado del sector no es el 110 sino la distancia entre 253 y 139. Casi la mitad de las empresas identificadas como vinculadas a la defensa no se inscribió en el registro, un indicador de cuánto del entramado real opera todavía por fuera de cualquier esquema formal de articulación con el Estado. La cobertura de ocho provincias, sobre veinticuatro jurisdicciones, también matiza el objetivo federal que enuncia la política.

El Secretario Mario Katzenell puso el foco en el proceso de curaduría: las empresas listadas atraviesan una verificación de las capacidades que declaran. Esa distinción no es menor. Un directorio de razones sociales no sirve para planificar compras. Un registro con capacidades verificadas, sí.

El relevamiento de la base industrial define qué puede y qué no puede producirse en el país cuando llega el momento de escribir un pliego. Si querés seguir de cerca cómo se traduce en contratos, suscribite a El Debriefing, el newsletter de Gordos Defensa.

Quiénes estaban en la sala

Los 14 países representados fueron Brasil, Chile, China, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, Rusia y Uruguay. Participaron además agregados argentinos destinados en Bélgica y Japón.

La convocatoria alcanzó al cuerpo de agregados de defensa acreditado en Buenos Aires, un formato estándar de diplomacia militar que no implica preselección de socios. Aun así, la composición de la mesa deja una lectura: el Ministerio trata al catálogo como instrumento de promoción comercial abierta, sin filtrar la audiencia por afinidad estratégica.

El Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Teniente Coronel (R) Daniel Enrique Martella, planteó el criterio operativo detrás de la convocatoria: la cooperación requiere primero conocer qué capacidades están efectivamente disponibles y en qué áreas puede haber complementariedad.

Financiamiento, exportación y el capítulo de propiedad intelectual

Gargiulo señaló que durante 2026 la Secretaría avanzó con rondas de negocios internacionales, articulaciones con cámaras empresarias y encuentros con entidades financieras, con el objetivo de atender las necesidades que las propias empresas identificaron para crecer: acceso al financiamiento, capacitación, comercialización y exportación.

La dimensión científico-tecnológica quedó a cargo de la Directora de Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Alegría, quien presentó las capacidades del CITEDEF, el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval y el Servicio Meteorológico Nacional. Entre las áreas expuestas figuran sistemas no tripulados, materiales, química y bioseguridad, información geoespacial y satelital, observación oceánica y seguridad de la navegación, meteorología y sistemas de alerta temprana.

El bloque menos visible de la jornada es probablemente el más significativo. La Coordinadora de Propiedad Intelectual, Normalización y Certificación de Productos, Elisa Herrera, expuso sobre titularidad de los desarrollos, protección del conocimiento previo y del generado en forma conjunta, confidencialidad, licencias y derechos de uso.

Que la propiedad intelectual ocupe un bloque propio en una presentación de promoción industrial indica que el objetivo declarado no se agota en vender producto terminado, sino en coproducción y desarrollo conjunto. Es exactamente el punto donde suelen encallar los acuerdos de transferencia tecnológica en la región, y llegar con reglas definidas desde el inicio es una diferencia de método frente a cómo se negociaron programas anteriores.

Por qué importa

El catálogo resuelve un problema de información que el propio sistema de defensa arrastraba: hasta ahora no existía un inventario verificado de a quién podía comprarle el Estado dentro del país. Sin ese mapa, cada contratación local se negocia desde cero y la preferencia por la oferta nacional queda librada al criterio de cada pliego.

El límite del instrumento también es claro. Un catálogo es información, no incentivo. Brasil resolvió el mismo problema por vía legal, con un régimen que certifica formalmente a empresas y productos estratégicos de defensa y les asocia beneficios tributarios y condiciones preferenciales en las contrataciones públicas. Argentina, por ahora, tiene el registro sin el régimen que lo respalde.

La prueba real llegará en el pliego. Si las capacidades relevadas empiezan a aparecer como requisito o preferencia en las licitaciones del Ministerio y de las Fuerzas Armadas, el SIRCAI habrá cumplido su función. Si el catálogo queda como una herramienta de exhibición, será un buen diagnóstico sin consecuencia sobre la demanda.

Queda un segundo frente abierto. Katzenell describió el catálogo como una herramienta viva, de actualización permanente. Ese es el compromiso más difícil de sostener: un registro de capacidades industriales que no se mantiene pierde valor operativo en dos o tres años, y vuelve al punto de partida.

Este tipo de relevamientos define el margen real de decisión cuando llega el momento de comprar. Si querés seguir la evolución de la base industrial de defensa argentina, suscribite a El Debriefing, el newsletter de Gordos Defensa.

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El balance oficial y lo que todavía no está cerrado

El Gobierno reportó la incautación de 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, diez equipos de campaña y trece chalecos. La identidad de alias El Tigre fue confirmada mediante pruebas dactiloscópicas y el material recuperado sigue en proceso de consolidación, por lo que el inventario final podría variar. También fue capturado alias Víctor, señalado por el Gobierno como uno de los mandos superiores de la estructura.

El Frente Carolina Ramírez integra el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las antiguas FARC. Su área de operaciones se concentra en Putumayo, Caquetá y Amazonas, aunque las acciones atribuidas a su cabecilla alcanzaron también el Guaviare. La estructura responde a alias Iván Mordisco, el objetivo prioritario del nuevo gobierno.

Conviene tomar el número con cautela ya que el balance pasó de ocho a veinte y luego a veintitrés en menos de tres días, siempre por vía de anuncios presidenciales. Medicina Legal continúa con los trabajos de identificación, y la experiencia reciente indica que las cifras oficiales y las forenses no siempre coinciden. En el bombardeo previo, el balance inicial reportó ocho muertos, y luego Medicina Legal identificó tres menores de edad entre los cuerpos trasladados a laboratorios de Florencia y Villavicencio.

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El ala de combate de la FAC bajo un ritmo inédito

Lo relevante para el análisis no es el conteo, sino la cadencia. Los bombardeos en Guaviare llevan tres operaciones en poco más de una semana. Se trata del tercer bombardeo del nuevo gobierno contra estructuras guerrilleras y el mayor desde la administración de Juan Manuel Santos, según una fuente militar consultada por AFP. La administración abatió a 38 narcoterroristas en sus primeras semanas de gestión.

Seis A-29 Super Tucano y cinco Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la base aérea de Apiay, en el Meta, y lanzaron más de seis bombas sobre una zona rural de El Retorno. El campamento fue atacado en varias tandas y luego se desarrolló un asalto terrestre con tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Ese esquema, ataque aéreo seguido de consolidación con fuerzas especiales, se repitió en Azarías.

La estrategia de seguridad del Gobierno contempla quince bombardeos en los primeros cien días de mandato. Para una fuerza que opera un lote limitado de Kfir y de A-29, sostener esa frecuencia implica exigir horas de vuelo, munición guiada y disponibilidad de plataformas ISR en un plazo corto. El desgaste no se ve en los comunicados, pero aparece en las tasas de alistamiento.

El contexto regional agrega presión. La ofensiva ocurrió después de que Bogotá autorizara operaciones conjuntas con Estados Unidos contra grupos insurgentes y se incorporara al Escudo de las Américas. Si esa cooperación se traduce en inteligencia y designación de blancos, la FAC podría sostener el ritmo. Si no, el límite lo va a marcar el material disponible en Apiay.

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Cuánto sube el sueldo de las Fuerzas Armadas

Para el personal militar, el aumento es del 6,9% a partir del 1 de septiembre, sin distinción de rango, y alcanza también a los retirados. Sumado a las subas ya aplicadas entre enero y agosto (17,62%), el incremento acumulado llega a un 32% para todo 2026. A eso se agrega el suplemento por título que rige desde julio (Decreto 473/2026): 10% para technicaturas o carreras terciarias, 15% para carreras de grado y 25% para especializaciones, maestrías o doctorados.

Los suplementos por fuerza de seguridad

Cada fuerza de seguridad recibe ajustes puntuales además del esquema general. En Gendarmería, el suplemento por Destino de Operaciones Estratégicas se amplía a 3.510 efectivos, con una mejora de entre el 20% y el 35% en el salario de bolsillo. Gendarmería y Prefectura comparten además una actualización del Suplemento de Zona que llega a unos 16.500 efectivos, con subas de entre el 10% y el 30%. En la Policía Federal, tres rubros remunerativos (custodia, servicios ferroviarios y adicionales) suben un 30%, y se crea un nuevo suplemento de Responsabilidad Profesional para el personal de salud. La Policía de Seguridad Aeroportuaria suma hasta un 15% para unos 2.100 efectivos con funciones de alta complejidad en las terminales más grandes del país, y el Servicio Penitenciario Federal actualiza su Suplemento de Zona y suma premios por riesgo para unidades especializadas. Milei ordenó además suplementos adicionales para fuerzas especiales, comandos y el personal del programa Peace Cóndor de modernización de los F-16, vigentes desde septiembre.

Los números de la recomposición salarial dicen tanto sobre el estado de las Fuerzas Armadas como cualquier pliego de compra de equipamiento. Si querés seguir esta agenda de cerca, suscribite a El Debriefing, el newsletter de Gordos Defensa.

El contexto: de la suma fija a la recomposición estructural

La medida no aparece de forma aislada. En agosto, el Gobierno ya había otorgado una suma fija no remunerativa de $50.000 a todo el personal militar, policial y de seguridad federal en actividad, mediante los decretos 695/2026 y 696/2026. En julio había entrado en vigencia el suplemento por título (Decreto 473/2026). El anuncio de septiembre convierte esa serie de refuerzos puntuales en un esquema de recomposición más estructural, con el Ministerio de Defensa (a cargo del teniente general Carlos Presti) y el Ministerio de Seguridad Nacional (a cargo de Alejandra Monteoliva, quien asumió recientemente al frente de la cartera) como responsables de la implementación, y el aval directo de Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El Gobierno enmarca la medida como una respuesta a un reclamo salarial de las Fuerzas Armadas que, según el propio Ejecutivo, viene planteándose desde 2013, y como una forma de reconocer el nivel de riesgo y responsabilidad de la función.

Por qué importa

Es uno de los refuerzos salariales más grandes y sostenidos para el sector en lo que va de la gestión Milei, y llega después de una seguidilla de medidas puntuales (la suma fija de agosto, el suplemento por título de julio) que ahora se consolidan en un esquema más permanente. La combinación de subas generales, suplementos por zona y riesgo, y un guiño específico a las fuerzas especiales y al personal de Peace Cóndor, sugiere una estrategia de retención dirigida tanto a la tropa como a los cuadros más especializados.

El dato de fondo para seguir de cerca es si el esfuerzo fiscal alcanza para sostener en paralelo las dos patas de la política de defensa: la salarial, que acaba de recibir un salto real, y la de modernización de equipamiento (submarinos, Stryker, F-16, corbetas), que sigue dependiendo de un financiamiento mucho más ajustado y, en el caso de la industria estatal como FAdeA, directamente en crisis.

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Quiénes firmaron el acuerdo ENAER Airbus Chile

El director ejecutivo interino de ENAER, Carlos Madina, recibió a la comitiva oficial del fabricante europeo. La delegación de Airbus llegó encabezada por su vicepresidente ejecutivo internacional, Wouter van Wersch. Lo acompañaron Arturo Barreira, presidente de Airbus Latin America and Caribbean, y Pierre-Marie Gout, representante de Airbus para Chile. Ambas partes asistieron con sus respectivos equipos de liderazgo ejecutivo y técnico.

El peso corporativo de la delegación contrastó con la información divulgada sobre el contenido. Ni ENAER ni Airbus detallaron plataformas involucradas, montos, plazos ni compromisos de carga de trabajo. Tampoco se precisó si el entendimiento alcanza a Airbus Defence and Space, a la división comercial o a ambas. La estatal describió la firma como un hito para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del sector aeroespacial regional.

El detalle de la dirección interina tampoco resulta menor. Durante FIDAE 2026, en abril, la cara visible de ENAER fue su director ejecutivo, el general de brigada aérea Henry Cleveland. Cuatro meses después, la empresa recibió a la cúpula internacional de Airbus con un ejecutivo interino al frente. La compañía no ha comunicado públicamente el alcance ni la duración de esa interinidad.

Una alianza de tres décadas con un antecedente trabado

La relación entre ambas empresas no nació esta semana. Chile figuró entre los primeros clientes de exportación de Construcciones Aeronáuticas (CASA), hoy integrada en Airbus, durante los años setenta. De esa vinculación surgió la coproducción del C-101, designado A-36 Halcón en la Fuerza Aérea de Chile. ENAER fabricó además estructuras para los CN235 y C295, y prestó servicios de mantenimiento sobre los C212.

El historial también acumula intentos que quedaron a mitad de camino. En 2012, la Contraloría General de la República dejó en suspenso la alianza estratégica pactada entre Airbus Military y ENAER. El organismo objetó la figura de empresa conjunta por impedimentos de la legislación nacional. En 2014 ambas firmaron un nuevo convenio de cooperación centrado en mantenimiento y modernización.

El paso más ambicioso llegó en noviembre de 2016. Ese memorándum proyectó convertir a ENAER en proveedor MRO de C212 en Sudamérica y en plataforma de servicios para CN235 y C295. También contempló la fabricación de aeroestructuras y el acceso de la estatal a la categoría TIER1. En FIDAE 2018 se firmó un acuerdo puntual para el soporte de los C212 y CN235 del Ejército de Chile. Una década después del MOU de 2016, esos objetivos no se han materializado en la escala anunciada entonces.

Los acuerdos se anuncian con foto y comitiva, pero los contratos se firman en silencio. En El Debriefing seguimos qué pasa después del apretón de manos. Suscribite acá.

Cuatro acuerdos internacionales en un solo semestre

La firma con Airbus cerró una secuencia intensa. En FIDAE 2026, ENAER suscribió un memorándum y un acuerdo de confidencialidad con la italiana Leonardo. Su filial DTS firmó otro entendimiento con Turkish Aerospace para cooperación en sistemas aéreos no tripulados. La estatal extendió además su alianza con Lockheed Martin y selló una carta de intención con la FACh y la Armada por una aeronave turbohélice multipropósito.

En paralelo, la empresa renovó entre julio y agosto sus certificaciones AS9100D, AS9110C e ISO 9001:2015 tras una auditoría externa. Esa base de calidad resulta indispensable para cualquier integración en cadenas de suministro globales. El patrón muestra una estrategia deliberada de captación de socios internacionales.

El desafío queda del lado de la conversión. Ninguno de los cuatro entendimientos firmados en 2026 ha derivado todavía en contratos con alcance, montos y plazos públicos. La trayectoria previa con Airbus obliga a medir este acuerdo por lo que produzca, no por lo que anuncie.

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Qué reveló el Wall Street Journal

Según la reconstrucción del WSJ, el mensaje que llevó Ratcliffe a Moscú fue una advertencia directa: Washington tiene indicios de que Rusia podría estar preparando una escalada, ya sea sobre Ucrania o mediante alguna provocación contra un país miembro de la OTAN, y el director de la CIA viajó para transmitir esa señal en persona. El paralelo con 2021 cobra más peso con este dato: aquella vez fue William Burns advirtiendo sobre la invasión a Ucrania: esta vez, según el WSJ, la advertencia apunta un escalón más arriba, a la Alianza.

Cómo lo bajaron de tono en Moscú y Washington

Ninguno de los dos gobiernos confirmó la versión del WSJ. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Ratcliffe se reunió con funcionarios de inteligencia rusos (no con Putin) y calificó el contacto de “positivo”, aunque aclaró que es prematuro evaluar si eso mejora la relación bilateral golpeada por la guerra en Ucrania.

Trump, por su parte, salió a desmentir la lectura de la OTAN (y también la de Irán) en una entrevista con el comentarista Glenn Beck. Dijo que el viaje fue “semi-rutinario”, que Ratcliffe “es un tipo fantástico… y no está ahí por ninguna de esas cosas que dijiste”, y que el foco de la administración sigue siendo terminar la guerra en Ucrania, aunque agregó que “algo puede salir” del viaje.

El vuelo, el pedido a Ucrania y el paralelo con 2021

El director llegó el martes a bordo de un C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que aterrizó en el aeropuerto de Vnukovo y fue recibido por una caravana diplomática que lo trasladó por la ciudad. Es la primera visita no anunciada de un director de la CIA a Moscú desde la de Burns en 2021, y según el Financial Times, la administración Trump le había pedido la semana pasada a Ucrania que no lanzara ataques con misiles y drones de largo alcance contra Moscú, San Petersburgo y otras regiones del norte de Rusia durante la ventana del viaje. Kiev aceptó el pedido.

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Otras hipótesis: Ucrania e Irán

Además de la advertencia sobre la OTAN, circulan otras dos lecturas, ninguna confirmada. Una lee el viaje en clave Ucrania: Ratcliffe integra el sector de la administración más favorable a sostener la ayuda a Kiev, y su presencia en Moscú justo cuando se le pedía a Ucrania frenar los ataques de largo alcance agrega una capa de sensibilidad al momento. La otra apunta a Irán: circulan denuncias, sin confirmar, de que Rusia le estaría pasando a Teherán inteligencia sobre activos militares estadounidenses, un punto de fricción bilateral que también pudo estar sobre la mesa.

La bandera retirada, el segundo avión y lo que sigue sin confirmar

En paralelo circularon otros dos datos, ninguno confirmado de forma oficial. Según informes de medios rusos, la bandera de Estados Unidos fue retirada de la fachada de la embajada norteamericana en Moscú, sin que trascendiera el motivo. La retirada o el reemplazo de una bandera puede responder a un mantenimiento de rutina, a una medida de seguridad o a un cambio operativo menor, pero la coincidencia temporal con la llegada de Ratcliffe alimentó las lecturas políticas.

El segundo dato surgió de un observador en Riga, Letonia, que registró un C-40B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (la variante ejecutiva del Boeing 737 que opera el 89th Airlift Wing para trasladar funcionarios de gabinete y mandos militares) estacionado cerca de un jet sin matrícula visible, con vehículos de placa diplomática alrededor. El avión despegó de Andrews el mismo día que el C-17 con destino a Moscú, bajo el indicativo RCH790. No hay confirmación sobre quién viajaba a bordo ni si el vuelo tiene relación directa con la misión de Ratcliffe.

Por qué importa

La brecha entre lo que reveló el WSJ y lo que dijeron Moscú y Washington en público es, en sí misma, el dato más importante de esta historia. Una advertencia formal a Rusia sobre la OTAN, transmitida en persona por el jefe de la CIA, es un mensaje de un calibre muy distinto al de un canal de negociación de rutina, y explica por qué tanto el Kremlin como la Casa Blanca tienen incentivos para bajarle el perfil en público mientras el contacto sigue abierto puertas adentro.

El antecedente de 2021 ya no es solo un paralelo histórico: si la versión del WSJ es correcta, la lógica es la misma que la de Burns (una advertencia directa para desalentar una escalada) pero con el objetivo desplazado de Ucrania a la Alianza. Ninguna de las hipótesis en danza (OTAN, Ucrania, Irán) se excluye entre sí, y es probable que el viaje haya tocado más de un tema. Lo que sí queda claro es que ni Moscú ni Washington quieren, por ahora, confirmar cuál pesó más.

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La ceremonia de apertura contó con la presencia del ministro de Defensa Nacional del Paraguay, general de ejército (R) Óscar Luis González Cañete, y del comandante de las Fuerzas Militares, general César Augusto Moreno Landaira. También asistieron la plana mayor del Ejército paraguayo y representantes de alto nivel de las delegaciones participantes. La coordinación general del evento quedó a cargo del general de brigada Fredy Roberto Oviedo Cáceres, comandante de las Tropas Especiales del Ejército paraguayo.

Para la tarde del lunes quedó programada la prueba de aptitud física, el primer evento puntuable de la semana.

La competencia es patrocinada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), con planeación y ejecución a cargo del Comando de Operaciones Especiales Sur (SOCSOUTH) y del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales del Paraguay (BCFE).

Participan fuerzas especiales de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Fuerzas Comando 2026: el cronograma de la semana

Lunes

• Ceremonia de apertura
• Prueba de aptitud física

Martes

• Tiro con pistola y fusil bajo estrés
• Observación y tiro de precisión
• Evento combinado de asalto y francotirador
• Marcha de 12 kilómetros

Miércoles

• Tiro con pistola y fusil bajo estrés
• Observación y tiro de precisión
• Evento de combate en espacios cerrados (CQB) en equipo

Jueves

• Pista de obstáculos de 3,2 kilómetros en equipo
• Evento en terreno del Seminario de Altos Mandos

Viernes

• Ceremonia de premiación y clausura

Un seminario paralelo que define la agenda regional

Fuerzas Comando fue establecido en 2004 como un ejercicio multinacional anual de varios días. La competencia amistosa promueve la interoperabilidad, fortalece las relaciones militares y aumenta el nivel de entrenamiento de las unidades participantes. Paraguay ya fue sede en 2006 y en 2017, y su designación para esta edición se oficializó durante la clausura de la competencia de 2025 en El Salvador.

Mientras se desarrollan las pruebas, se lleva a cabo el Seminario de Altos Mandos. La instancia reúne a los jefes de las comunidades de operaciones especiales de los países participantes para discutir amenazas transnacionales y su impacto sobre la defensa y la estabilidad regional. Las estructuras narcoterroristas que operan de forma simultánea en tráfico ilícito, lavado de activos y logística transfronteriza ocupan un lugar central en esa agenda.

El general Oviedo Cáceres explicó a Diálogo Américas que la evolución de la competencia refleja la transformación de la seguridad hemisférica, y que las organizaciones criminales se adaptan con rapidez a la presión estatal. Esa lectura acompaña el giro progresivo del certamen hacia un formato de ejercicio táctico multinacional.

La competencia también llega pocas semanas después de Panamax 2026 y en el marco del Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA) que Paraguay y Estados Unidos firmaron en diciembre pasado.

Fuerzas Comando 2026 concluirá el 28 de agosto con la ceremonia de premiación en Asunción.

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